Así lo advirtieron los constitucionalistas Gregorio Badeni, Ricardo Gil Lavedra, María Angélica Gelli y Juan Sola, que entendieron que los diputados no debieron haber contradicho la voluntad popular. El jurista Daniel Sabsay, en cambio, consideró que la Cámara baja actuó dentro de sus atribuciones, si bien coincidió en que poder apartar a un diputado electo por falta de idoneidad moral es un arma peligrosa que se debe usar con cautela.
"Los representantes del pueblo no pueden anular la decisión del pueblo. Es un contrasentido", sostuvo Badeni, que explicó que lo único que deben controlar los diputados es la validez del diploma y si el legislador electo cumple con los requisitos del artículo 48 de la Constitución para ser diputado (edad, nacionalidad, etc.). "Sólo podrían estudiar la idoneidad por actos posteriores a la elección, pero no es el caso", dijo.
